El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) pidió investigar a autoridades y no a la prensa por las recientes filtraciones del caso Ayotzinapa.
Lo anterior luego de que la periodista Peniley Ramírez publicó información del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, tras recibir el documento sin testar.
A través de un comunicado, el Centro Prodh lamentó la filtración del contenido del informe del caso Ayotzinapa presentado el 18 de agosto pasado, porque revictimiza a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
En este caso, la información que obtuvo la periodista fue filtrada por alguna persona con acceso al informe sin testar, posiblemente al interior de la FGR.
“Recordamos que antes filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con responsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.
De acuerdo con la organización, el reciente informe del Caso Ayotzinapa sigue bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) porque las familias de los 43 les han pedido verificar la viabilidad de los datos allí expuestos.
En el mismo comunicado, el Centro Prodh aprovechó para pronunciarse sobre otros temas; como que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa.
“Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión”.
Situación que dijeron están analizando por los alcances legales que pueda tener; además, el centro confirmó “el desplazamiento” en los procesos penales iniciados, como el de Jesús Murillo Karam, de la Unidad Especial de la FGR para el caso Ayotzinapa.
Lo anterior porque se confirmó que el proceso contra Jesús Murillo Karam fue llevado por ministerios públicos ajenos a la investigación y a la Unidad a cargo del caso, liderada por Omar Gómez Trejo.
El Centro Prodh agregó que sobre el tema de las denuncias penales contra jueces por las recientes absoluciones, no comparten dicha pretensión pues saben que fiscales y ministerios públicos son responsables por acciones y omisiones de los procesos.
Y es que el presidente AMLO expuso al juez Samuel Ventura Ramos por las 121 absoluciones que ha dictado a presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, incluida una a José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando los 43 fueron desaparecidos.
El gobierno del presidente AMLO señaló que presentaron ya una denuncia contra dicho juez y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
