Con el objetivo de apegar a los marcos normativos, jurídico y del respeto a los derechos humanos, a la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, el Ayuntamiento realizó un diagnóstico de los protocolos y procedimientos.

Desde septiembre, el Municipio inició una evaluación sobre los procedimientos policiales en sus intervenciones, así como del traslado e ingreso de los asegurados a la Cárcel Municipal, con lo cual se garantiza el cuidado de la integridad de quienes cometen una falta administrativa o delito.

El director de la Policía Municipal de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante, informó que se realizó un proceso de revisión de los marcos jurídicos y organizacionales dentro de la corporación, con lo cual se están ajustando y reorientando los procesos para procurar el respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos.

Explicó que dentro de este proceso de reestructuración interna se estableció una mayor participación de la Policía Municipal con la comunidad, a través de los integrantes del programa Policía Educativa, que tienen una intervención directa no sólo con los planteles educativos, sino también con las colonias y comisarías en donde se desarrollan proyectos que mejoren las condiciones de seguridad de quienes ahí habitan.

Además, señaló que la policía municipal tiene entre sus objetivos fortalecer la capacitación en materia de respeto de los derechos humanos, con acciones y medidas que garanticen el uso racional de la fuerza, la aplicación de técnicas policiales adecuadas y una mayor supervisión de las intervenciones.

Aunque en la actualidad se prevé que cada año se tomen cursos relacionados con los derechos humanos, impartidos por especialistas en la materia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Romero Escalante aseguró que se trabaja en una reforma en materia de capacitación para que los conocimientos adquiridos permeen en la actuación de los policías municipales.

Indicó que, dentro de esta nueva dinámica y organización institucional, se adecuaron las instalaciones para permitir el cumplimiento de estas disposiciones de mayor control de la actuación policial y respeto de los derechos humanos.