La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colocó sellos de clausura temporal en las obras del desarrollo inmobiliario “Las Dunas”, ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, mientras realiza un procedimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de las condicionantes establecidas en las autorizaciones federales.

La intervención ocurre tras una serie de denuncias realizadas por habitantes, pescadores, investigadores y organizaciones ambientalistas, quienes difundieron en redes sociales imágenes y videos en los que presuntamente se observa maquinaria pesada realizando trabajos sobre la duna costera, situación que encendió las alertas por un posible impacto en uno de los ecosistemas más importantes del litoral yucateco.

Previamente, el Gobierno de Yucatán solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Profepa revisar que el proyecto se desarrollara conforme a los permisos ambientales otorgados y respetara todas las restricciones establecidas.

De acuerdo con la información oficial, las autorizaciones contemplan la protección de 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, además de prohibir cualquier intervención que afecte los manglares, en apego a la NOM-022-SEMARNAT-2003.

El complejo inmobiliario, comercializado bajo el nombre de “Las Dunas”, ha generado un amplio debate público. Mientras la promoción del proyecto contempla seis torres de departamentos con diversas amenidades, documentos técnicos difundidos por distintos medios indican que la propuesta original incluía un mayor número de edificaciones dentro de un predio superior a los 92 mil metros cuadrados.

En paralelo, colectivos ciudadanos como “Salvemos las Dunas” mantienen una campaña de información y recolección de firmas para solicitar la cancelación definitiva del proyecto. Los activistas sostienen que las dunas y humedales de la zona son esenciales para la conservación de la biodiversidad y funcionan como una barrera natural que ayuda a mitigar los efectos de huracanes y otros fenómenos meteorológicos sobre la costa yucateca. Asimismo, han convocado a una movilización ciudadana para exigir la protección del ecosistema.

La clausura temporal no representa una resolución definitiva sobre el proyecto, sino una medida preventiva dentro del procedimiento administrativo que lleva a cabo la Profepa. Será la autoridad ambiental federal la encargada de determinar si las obras se ajustaron a las autorizaciones vigentes o si existen irregularidades que puedan derivar en sanciones, nuevas medidas de protección o incluso la suspensión definitiva de los trabajos.